El anuncio que hicieron de manera simultánea la semana pasada el ministro de Petróleo del régimen de Nicolás Maduro, Tareck el Aissami, y el ministro de Hacienda de República Dominicana, José Manuel Vicente, sobre la compra-venta del 49% de las acciones de la refinería Refidomsa que estaban en poder de Pdvsa genera algunas interrogantes.

Lo primero que llama la atención es que la estructura del negocio involucró a los accionistas de la refinería dominicana y a un intermediario privado sin experiencia petrolera para darle vuelta a las sanciones de la administración estadounidense a Pdvsa.

Vicente dijo en rueda de prensa que el proceso de compra-venta se inició el pasado 26 de marzo, cuando el Ministerio de Hacienda recibió una “carta de Pdvsa comunicando que había llegado a un acuerdo con una compañía dominicana, Patsa del Grupo Rizek. Y quería saber si el Estado dominicano estaba interesado en ejercer el derecho de preferencia [a comprar] establecido en los estatutos sociales” de la empresa. Al evaluar los distintos riesgos aceptó la recompra de las acciones por las cuales Pdvsa pagó 131 millones de dólares en 2010.

En consecuencia, la adquisición a PDV Caribe, S. A. se realizó, en una primera operación, mediante una transacción de permuta de las acciones de Refidomsa a cambio de bonos emitidos por Pdvsa y la República Bolivariana de Venezuela que poseía la sociedad comercial Patsa, L.T.D. (la misma empresa del Grupo Rizek que había manifestado su interés en la compra de las acciones y que actuó como facilitador de la negociación). En la segunda fase de la transacción, y de manera simultánea, el Estado dominicano procedió́ a la compra inmediata de las acciones a Patsa, L.T.D., por el mismo precio acordado de 74 millones de euros.

Como un punto aparte hay que recordar que República Dominicana dejó de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino en enero de este año. Lo que podría llevar a la segunda interrogante: ¿Fue este un prerrequisito para la operación?

En la justificación de la transacción, tanto la narrativa del régimen de Maduro como la del gobierno dominicano apuntan a las sanciones de Estados Unidos sobre Pdvsa.

El comunicado de El Aissami señala que la venta de las acciones de Refidomsa se debió a la “firme intención y compromiso del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de Pdvsa de cumplir con sus obligaciones contractuales, a partir de las criminales restricciones externas [sanciones de Estados Unidos] y al mismo tiempo su deseo de negociar y comprometerse con los acreedores, con el propósito de reestructurar sus deudas”.

Por su parte, el ministro de Hacienda dominicano indica que debido a “las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de América a partir del año 2019 a Pdvsa y sus filiales, Refidomsa se ha visto desde entonces afectada en su acceso al crédito local e internacional, así como limitada en utilizar los medios de pago bancarios, teniendo que suspender o posponer proyectos de ampliación y renovación de la empresa. De igual forma, ha estado impedida de realizar las actuaciones corporativas normales de sus órganos de dirección y administración”.

Algo similar pasó el año pasado. Pdvsa vendió parte de las acciones que tenía en la refinería de petróleo sueca Nynas. Transfirió 35% a una fundación sueca independiente, Nynässtiftelsen, y se quedó con el 15% restante, informó la agencia de noticias Reuters en ese momento.

La transacción ocurrió luego de que el Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, prohibió expresamente a la empresa sueca que siguiera recibiendo petróleo venezolano, lo que generó una crisis interna. Realizada la operación, Estados Unidos informó la revocatoria de las medidas administrativas contra Nynas: Supresión de la licencia general 13E relacionada con Venezuela, emisión de las licencias generales 3H y 9G relacionadas con Venezuela.

El último párrafo de esta licencia señala: “A falta de autorización de la OFAC, todas las personas estadounidenses siguen teniendo prohibido realizar cualquier tipo de transacción con Petróleos de Venezuela, S. A., o con cualquier entidad en la que Pdvsa posea, directa o indirectamente, una participación del 50% o superior”. Es decir, que en el caso de la refinería dominicana aplica este criterio porque la petrolera estatal venezolana tenía una participación menor al 50%.

Como dato curioso, en el arreglo de Nynas ninguna de las partes develó el monto involucrado en la operación. Y la venta del paquete accionario de Pdvsa no fue autorizada por la Asamblea Nacional de 2015, al ser un contrato de interés nacional.

En Refidomsa, el monto de la transacción se conoce: 74 millones de euros. “El gobierno dominicano compró esa participación en un acuerdo que valoró los bonos en 24 centavos de dólar”, según nota de Bloomberg. Sin embargo, el valor promedio del mercado para el bono Pdvsa es 4% y el Soberano 10%, de acuerdo con la tabla del Banco Mercantil del 24 de agosto. Si asumimos que la operación incluyó 50% de ambos bonos, la transacción generó una utilidad de por lo menos 60 millones dólares. ¿Cabe preguntar en qué mercado liquidaron esta operación entre 3 a 5 veces el valor del bono? Además, creó un precedente negativo para el resto de los bonos porque los tenedores podrán pedir el mismo tratamiento por la clausura pari-passau.

El ministro de Hacienda dominicano, también, informó que la operación de la compra de las acciones fue consultada con la OFAC, que “emitió su ‘no objeción’ a la transacción completa”.

En conclusión, la venta de 49% de las acciones de PDV Caribe S. A. en Refidomsa favoreció a los tenedores de los bonos transados; al Estado y grupo económico dominicanos; y a la persona natural o jurídica norteamericano. El resto es una narrativa que apunta a la flexibilización de las sanciones estadounidenses a Pdvsa porque la reducción de la deuda externa con esta operación menos del 0,05% –Total de la deuda externa derivada de bonos emitidos por la República, Pdvsa y Elecar es de 71.000 millones de dólares a junio 2020, según Cedice–.

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