La narrativa oficialista en Venezuela del por qué el país atraviesa la más grave crisis política, social y económica de la democracia, es la de que es una guerra económica gestada por la Oposición a nivel local (élites empresariales) e internacional (gobiernos enemigos). Y a partir de la pasada semana, se le añadió un supuesto golpe de Estado en contra de Nicolás Maduro y presuntos planes de una intervención en Venezuela de "ejércitos extranjeros". Es la nueva jugada del gobierno de Maduro ante la hoja de ruta del Referéndum Revocatorio (RR) propuesta por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el pasado 2 de mayo, para salir del caos que vive el país.

Maduro había aceptado inicialmente el reto de medirse en un RR cuando ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) entregar el formulario para activar el proceso. Sin embargo, algo o alguien le hizo cambiar de opinión. Como ocurrió la noche de la elección presidencial en abril 2013, cuando dijo "acabo de proponer que abran todas las cajas" (...) "que las cajas hablen y digan la verdad...". Sin embargo, el día siguiente reculó porque conoció que estaba en juego su triunfo ante la impugnación del proceso electoral por fraude.

En este momento, los voceros utilizados para bloquear la solución electoral a la crisis fueron: Aristóbulo Istúriz, vice-presidente de la Republica, "En Venezuela no se va a desarrollar un Referendo Revocatorio a Maduro"; Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, "La derecha sabe que es imposible que se haga un referéndum este año"; y Diosdado Cabello, diputado, "Es imposible que este año haya referéndum". Para reforzar este mensaje, Maduro decreta el Estado de Excepción que deroga el derecho a: la inviolabilidad del hogar, la comunicación privada, el libre tránsito, reunirse, manifestar, y la libre actividad económica.

Con el decreto de Estado de Excepción y los ejercicios militares "Independencia II 2016", ordenados el pasado fin de semana, Maduro opta por la confrontación como el mecanismo de solución a la crisis. Busca neutralizar y/o eliminar toda oposición a su mala gestión, tanto en el PSUV como en la MUD (enemigo interno), para lo que transforma el actual régimen político en uno totalitario, reaccionario y represivo [Carlos Carcione]. Se convierte en lo que han llamado Peter Mair y Richard Katz "el gobierno del cartel", y ante el temor a las mayorías -el enemigo interno- la rutina de "vigilancia" para proteger al régimen es asignada a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y los Consejos Comunales.

Sin embargo, en el macroentorno, factores como la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, y la corrupción han consolidado una base social crítica para la salida de Maduro del poder.

El día a día es insostenible. Por ejemplo, el último análisis del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas) señaló que el precio de la canasta alimentaria para una familia de cinco miembros era de Bs. 184.906,35, en el mes de abril. Aumentó en un 718% con respecto al año pasado, es decir, 2% diario. En el mes de abril se necesitaban 16 salarios mínimos (Bs. 11.577,81) para adquirirla. Así mismo, el Cendas determinó que la diferencia entre los precios controlados por el gobierno y los precios de mercado fue de 2.682%, y una escasez de 43% (25 de los 58 productos que contiene la canasta).



Una situación similar ocurre en el sector salud y seguridad. La crisis ha afectado de forma transversal a todos los sectores sociales.

Por lo que Maduro evita escuchar la voz del pueblo y plantea la confrontación. Busca agotar la paciencia de las mayorías ante lo cotidiano para que surjan brotes desbordados de violencia (saqueos, linchamientos) y así puedan resolver las necesidades del día a día, a pesar de seguir generando un estado de conmoción social y una escalación de la crisis política. Sin embargo, a Maduro y su equipo les puede "salir el tiro por la culata".

El sustento de su actual régimen "totalitario, reaccionario y represivo" pierde fuerza ante los gobiernos democráticos y los organismos multilaterales regionales, a pesar del esfuerzo de la diplomacia de los países del socialismo del siglo XXI para sostenerlo en el poder, porque ante la inminente aplicación de la Carta Democrática Interamericana, artículo 20, la renuncia de Maduro a la presidencia de Venezuela vuelve a tomar fuerza. Quedaría solo, porque las Fuerzas Armadas tendrán la justificación para retirarle el apoyo, y el interés del alto mando militar será el cumplimiento de la Constitución de Venezuela para restituir el carácter democrático del Estado venezolano.

Todas las mesas de diálogos propuestas hasta ahora por la Iglesia, gobiernos y organismos (ONU y Unasur), servirán para pavimentar la salida democrática, una vez que Maduro deje el poder. Los retos serán tan grandes que requerirán del concurso de todos factores políticos progresistas para poder reconstruir el tejido social, la institucionalidad en los poderes públicos, el aparto productivo y la ética del trabajo, así como establecer una nueva carta social.

Tanto la confrontación como la vía electoral sacarán a Maduro del poder. La primera pondrá en riesgo la supervivencia del proyecto político del PSUV, mientras que la vía electoral "si [al PSUV] le toca perder terreno, que lo pierda y aprenda, porque tendrá que volver a empezar. Y si cometió errores, tendrá que reaprender, y la vida continúa" [Pepe Mujica].



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