El gobierno de Nicolás Maduro entró en la mayor crisis política desde que asumió el poder en el 2013. El máximo Juzgado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Sala Constitucional, -brazo judicial del oficialismo- configuró la ruptura del orden constitucional el 28 y 29 de marzo de 2017, al "cerrar" la Asamblea Nacional (AN). No le fue suficiente haber anulado las leyes durante todo el año 2016. En esta ocasión había que quitarle el fuero parlamentario a los diputados. Además, otorgar poderes a Maduro para vender los activos de la nación.

Este año, la viabilidad socioeconómica del país es crítico por el servicio de la deuda financiera de la estatal petrolera venezolana, Petróleos de Venezuela (PDVSA), y los niveles de reservas internacionales y producción petrolera.

Hasta ahora, el gobierno de Maduro había sorteado la situación del servicio de la deuda, recortando las importaciones de bienes y servicios en más del 60% con respecto al 2012. Una acción que contribuyó fuertemente con la caída del Producto Interno Bruto (PIB) en los años 2014, 2015 y 2016. Por otra parte, Maduro consiguió divisas adicionales a través de las renovaciones de la línea de crédito del Banco de Desarrollo de China para el Fondo Chino, equivalentes a $17 mil millones entre 2013 y 2016, así como los aportes de capital de las socias en la empresas mixtas que explotan la Faja Petrolífera del Orinoco.

Además, para cumplir con el cronograma de pago de la deuda, Maduro utilizó una buena parte de las reservas internacionales del país: el oro monetario y los Derechos Especiales de Giro que Venezuela posee en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Han sido tres años, en los cuales Maduro "raspó la olla", esperando que el precio de petróleo incrementara a niveles de $70 el barril. Un hecho que no está planteado en el corto plazo.

El recorte de la producción de crudo por parte de los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en enero y febrero ha permitido alcanzar un precio que fluctúa en una banda de $48 a $53 el barril WTI (crudo marcador estadunidense). Durante las primeras ocho semanas del recorte OPEP, el mercado petrolero estadounidense consiguió recuperar las expectativas del aumento de producción, influyendo en la caída del precio de petróleo en el mes de marzo.



Con este escenario, el gobierno de Nicolás Maduro enfrenta una profunda crisis de gobernabilidad y legitimidad al ser cómplice el "golpe de estado judicial", con el cual consagra explícitamente su régimen autoritario y le permite incrementar el control social de la población, a través de la represión abierta de la ciudadanía.

El Comando Antigolpe, creado a principios de este año y dirigido por el vicepresidente Tareck El Aissami, es el encargado de silenciar a los factores que movilizan la oposición y la disidencia en las Fuerza Armadas.

La próxima semana, PDVSA cancela $2.466 millones a los tenedores de sus bonos, y para poder cumplir con los capitales de Wall Street y Londres, PDVSA utilizará casi todo el ingreso neto que obtuvo en el primer trimestre de 2017 y parte del préstamo otorgado por la empresa petrolera rusa, Rosneft, en noviembre del año pasado -garantizado con el 49,9% de las acciones de su filial en Estados Unidos, Citgo.

Con este desembolso, PDVSA quedará financieramente lánguida, por lo que el gobierno de Maduro tendrá problemas para importar bienes y servicios en abril. Una situación que recrudecerá la crisis humanitaria en mayo y las primeras semanas de junio.

Ante la falta de divisas y para evitar la función contralora de la AN, la Sala Constitucional decidió con el "golpe de estado" entregar la potestad de la AN a Nicolás Maduro para crear empresas mixtas en el área estratégica petrolera, endeudar el país con nuevos préstamos y aprobar créditos adicionales al presupuesto nacional.

Además, la estrategia electoral del gobierno para salir de esta crisis política es ganar tiempo, y en este sentido la primera acción fue la renovación de los partidos políticos ante el Consejo Nacional Electoral, que le otorga la posibilidad de realizar cualquier proceso de elección después del mes de julio.

Sin embargo, la crisis de las divisas por la caída del precio y el volumen de exportación petrolero, la dificultad para emitir deuda y la baja inversión extranjera directa ponen en "jaque" la resistencia del régimen venezolano.

Maduro cumplirá con los pagos de los bonos este mes porque la actual crisis política en el ámbito internacional no le permite otra opción, aunque el costo implique eliminar la Asamblea Nacional para echar mano a toda la nación.



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