El régimen de Nicolás Maduro volvió a decretar el arresto domiciliario para los seis ejecutivos de Citgo –cinco de ellos ciudadanos de Estados Unidos y otro residente– el pasado viernes 30 de abril.

El grupo ya había sido beneficiado con esa medida en diciembre de 2019, pero los seis fueron encarcelados de nuevo el mismo día en que el entonces presidente Donald Trump recibió a Juan Guaidó, quien era reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, en la Casa Blanca el 5 de febrero de 2020.

En esta ocasión, el heredero de Hugo Chávez busca darle una nueva “prueba de amor” al gobierno de Joe Biden. La primera vez fue el 20 de abril, cuando aceptó la comida del Programa Mundial de Alimentos, el brazo de Naciones Unidas para combatir el hambre, tras rechazar por años la ayuda humanitaria de la organización.

La intención de estas “pruebas” es reconstruir la confianza con la nueva administración Biden, pues hasta ahora el relato que Maduro ha tratado de imponer de la escasez de diésel por la cancelación de los swaps de combustible por petróleo en noviembre del año pasado no ha tenido efecto. En consecuencia, el relajamiento de las sanciones sobre la estatal petrolera Pdvsa que necesita desesperadamente para sobrevivir en el poder se le ha hecho difícil. No le creen el cuento ni en la Casa Blanca ni en el Departamento de Estado. Saben que Maduro destina el gasoil a las mafias que operan los negocios en el campo y la minería en Venezuela. Y utiliza el racionamiento para la narrativa del swap.

La subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung, indicó en un tweet al canciller chavista, Jorge Arreaza, las acciones que considera el Ejecutivo estadounidense pueden facilitar la reconstrucción de la confianza en la relación Miraflores-Casa Blanca: “Celebrar elecciones libres y justas; respetar los derechos humanos y la prensa libre; liberar a los 323 presos políticos; no perseguir más a la oposición y dejar de acosar a las ONG”. Ellas contribuirían a la eliminación de las sanciones económicas contra el régimen que tiene secuestrado el poder en Venezuela.

Hasta ahora, los tres juicios de valor –la sinceridad: juzgo que lo que dices es verdad; la credibilidad: juzgo que fuiste sincero en el pasado, cumpliste tus promesas, por lo tanto, creo que en el futuro seguirás haciéndolo; y la competencia: juzgo que eres competente para cumplir tu compromiso– que sustentan la confianza están cuestionados en la relación que mantienen Maduro y sus cómplices con la administración Biden.

Pero si en Miraflores piensan que permitir que el Programa Mundial de Alimentos comience a operar en Venezuela y ordenar arresto domiciliario a los seis ejecutivos de la empresa estadounidense Citgo es suficiente para aliviar las sanciones, sin pasos concretos en la restitución de la democracia y los derechos humanos, están equivocados.

La Casa Blanca ha dejado claro que no tiene prisa en aflojar las tuercas a Maduro, al que califican de dictador.

“Estamos siguiendo esos acontecimientos muy de cerca”, dijo el lunes a Reuters un alto funcionario del gobierno de Biden. “Estamos viendo que Maduro está enviando señales, pero vamos a actuar con base en acciones realmente concretas” que permitan resolver la crisis de gobernanza en Venezuela.

De acuerdo con información extraoficial publicada en La Patilla, los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, escogidos por la Asamblea Nacional elegida en 2020, tampoco han ayudado a fortalecer la credibilidad en el régimen madurista. Al contrario, con ellas no ven posibles unas “elecciones libres y justas”, una acción importante para reconstruir la confianza.

Por lo tanto, las supuestas “pruebas de amor” a la nueva administración Biden no tendrán ningún efecto si siguen evadiendo las medidas que realmente conducen al restablecimiento de la democracia y los derechos humanos. Con estos pañitos de agua caliente solo condenarán a los venezolanos a seguir viviendo en el país más miserable del mundo –un logro absoluto del socialismo del siglo XXI–, pues las sanciones contra Pdvsa seguirán vigentes.

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