Cuando Nicolás Maduro anunció la decisión política del refinanciamiento/reestructuración de la deuda pública de Venezuela -el día que giró instrucciones para cancelar el bono PDVSA 2017 de cupón 8,5%, capital e intereses- evitó las consecuencias legales de entrar en “default”.

Con el anuncio, el régimen de Maduro mostró “buena voluntad” para cumplir con los tenedores de los bonos. Sin embargo, al nombrar la comisión presidencial para renegociar los términos de la deuda externa de la Republica y de PDVSA develó la intención de su acción, porque colocar al Vicepresidente Ejecutivo de la Republica a presidir la comisión y al Ministro de Economía y Fianzas como un integrante, a sabiendas que están sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, le dice a los grandes tenedores de los bonos de Wall Street que deben negociar con el riesgo de ser penados por las agencias estadounidense, al incurrir en prácticas ilegales. Sobre todo, después de las sanciones financieras impuestas por la Administración de Trump al régimen de Maduro, que prohíben las negociaciones sobre nuevas emisiones de deuda y de bonos por parte del gobierno y de la petrolera estatal PDVSA.

Esta acción permite observar que el régimen de Maduro hace caso omiso de las investigaciones y acciones de la Administración Trump. Algo parecido ocurrió con el pronunciamiento de la comunidad internacional en contra de la Asamblea Constituyente (AC) que la calificó de ilegítima, y la desconoció. En este caso, el régimen optó por imponerla internamente, a tal punto que exigió la juramentación de los gobernadores recién electos ante la Constituyente -el desacato de la orden dejó sin efecto el mandato popular, como ocurrió en el Estado Zulia.

Porque el régimen de Maduro no responde a la lógica de un Estado democrático, en el que se respeta el Estado de derecho y la separación de los poderes, más bien actúa bajo la racional de un Estado-mafioso, en el cual el Estado “toma control de las redes criminales”. Dentro este contexto, los bonos de PDVSA y de Venezuela han servido para el blanqueo de capitales de los distintos grupos y/o bandas del régimen.

Hasta ahora, el régimen de Maduro venía “surfeando” gran parte del pago de la deuda externa de Venezuela y de PDVSA con los barriles que producen “cash”, las exportaciones de petróleo a las refinerías de la Costa del Golfo en Estados Unidos e India, equivalente a 750 mil barriles por día (mbd), y 300 mbd, respectivamente. Una estrategia que afectó las importaciones de bienes y servicios, y las inversiones y el mantenimiento en la infraestructura petrolera, ocasionando la grave escasez de comida y medicina en el país, y la constante caída de la producción de crudo y gas de la estatal petrolera PDVSA.

Una caída que ha impactado el “cash” del régimen. El pasado mes de octubre PDVSA exportó 433 mbd a EE.UU. según la Administración de Información de Energía (EIA) estadounidense, el volumen más bajo de los últimos 28 años (1989). Con respecto al inicio del año, el desplome representa 38,4%. Y en términos de divisas, PDVSA cierra 2017 con un déficit en “cash” de $2,4 millardos por las exportaciones de crudo a EE.UU., a pesar del incremento del precio de petróleo.



En un juego suma cero, Maduro incrementó las exportaciones de petróleo a Rusia y China en los últimos tres meses, buscando obtener dinero fresco de la petrolera rusa Rosneft y del Banco de Desarrollo de China. Algo que aún no ha podido lograr.

De mantenerse esta política el próximo año, y un precio promedio de la cesta venezolana en $55 por barril, la venta de crudo a Estados Unidos generará $10 millardos “cash” en 2018, suficiente para satisfacer el servicio de la deuda externa de Venezuela y PDVSA ese año, equivalente a $8,2 millardos. Si Maduro optara por este camino, las consecuencias serán: una reducción, a la mitad de 2017, de los recursos disponibles para importar bienes; una desaceleración de la economía por quinto año consecutivo; una profundización de la escasez de alimentos y medicinas; e hiperinflación.

Por lo tanto, Maduro con el anuncio de la renegociación de la deuda busca:

  • evitar una acción judicial por no pagar los bonos de PDVSA oportunamente,
  • adquirir “a precio de gallina de gallina flaca” la deuda soberana a través de los “grupos y/o bandas” del régimen, porque son bonos con clausura de acción colectiva (CAC), y
  • tener “cash” en el año de la elección presidencial para repartir entre las distintas organizaciones.

Seguirá “cumpliendo, como siempre, con los compromisos” que resulten de la renegociación de los términos de la deuda externa, porque al final, el régimen de Maduro busca que “le quede el real y medio” en el Estado-mafioso.



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