El próximo 5 de junio, finaliza el registro preliminar de candidatos para las elecciones primarias de las fuerzas democráticas en Venezuela y se inicia el proceso de inscripción de las candidaturas que cumplan con todos los requisitos, el cual cerrará el 23 de junio de acuerdo con el nuevo cronograma presentado por la Comisión Nacional de Primaria.

Hasta ahora se vislumbra que participarán por lo menos nueve candidatos de los distintos partidos políticos: María Corina Machado, Henrique Capriles, Benjamín Rausseo, Manuel Rosales, Freddy Superlano, Delsa Solórzano, Carlos Prosperi, César Pérez Vivas y Roberto Enríquez.

En un escenario ideal, las elecciones primarias impulsan la democracia interna dentro de los partidos políticos al fomentar la transparencia y la inclusión en la selección del candidato o candidata que los representará en los comicios.

En este sentido, en Venezuela, las primarias permitirán que el candidato ganador se convierta en el conductor de la contienda y el interlocutor de las fuerzas democráticas ante la comunidad internacional. Pero también, todo el mundo es consciente de ello, el elegido será el objeto de un feroz ataque sin escrúpulos – acusaciones de intimidación, acoso, violencia, confinamiento – por parte del Estado mafioso-criminal que se atornilló en Miraflores y que hará lo indecible para no perder el poder.

Hasta ahora, Maduro y sus cómplices han dejado correr el proceso de las primarias sin injerencia directa para evitar el señalamiento de que escogen a la persona con quien competirá el oficialismo en 2024. Sin embargo, han estado enviando el mensaje a través de Diosdado Cabello, segundo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, de que Henrique Capriles Radonski, precandidato de Primero Justicia, no tiene ninguna posibilidad de competir por la Presidencia de la República porque “está inhabilitado” hasta 2032. Es decir, puede participar en las primarias, pero no en los comicios del próximo año.

Estas acciones socavan los principios democráticos de elecciones libres y justas, restringen la capacidad que tienen los partidos de las fuerzas democráticas de participar plenamente y manipulan el panorama electoral a su favor.

Ante este panorama, el partido amarillo ha hecho de todo para que el Estado mafioso-criminal le restituya los derechos políticos a su líder, desde llevar a la mesa de negociación de México el caso de Citgo –acordar una estrategia que evite el remate de las acciones y en consecuencia darle injerencia al régimen– hasta desconocer que la presidenta de la AN 2015, militante de PJ, asumió la presidencia interina de Venezuela. Entregada en bandeja de plata a Maduro por el partido amarillo, entre otros.

En las primarias se debaten dos fuerzas para obtener el poder. Una lo busca a través de “movimiento de movimiento”, confrontando primordialmente el régimen en términos del rescate de la democracia liberal, la reunificación de las familias, restitución de la propiedad privada sobre los medios de producción y el Estado de Derecho. Y la otra, con la estructura de partido tradicional, propone una cohabitación con el régimen actual.

La primera fuerza propone un cambio radical del status quo a partir de 2025, mientras que la otra cree en cambios graduales hasta alcanzar la meta de la presidencia en 2030. Sin embargo, ambas convergen en el medio: elecciones democráticas, libres, justas, transparentes y competitivas.

En las primarias, uno de los dos bloques estará alineado con María Corina Machado (movimiento de movimiento) y el otro con Manuel Rosales (partidos tradicionales) porque Capriles, del bando cohabitador, no debería participar porque está fuera de juego.

El Estado mafioso-criminal buscará manipular el proceso electoral utilizando recursos e instituciones estatales (Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Plan República) en su beneficio. Los medios de comunicación controlados por el régimen también desempeñan un papel importante en la formación de la opinión pública, favoreciendo al PSUV y limitando la exposición de los candidatos de las fuerzas democráticas.

En este sentido, la reciente elección presidencial de Turquía podría servir de ejemplo para Maduro y compañía en cuanto a que ocurra una elección libre y justa en 2024. El gobierno turco ha sido cuestionado por el Estado de Derecho, las libertades civiles, la libertad de prensa y una economía de mercado productiva, que son bienes universales deseados por todos. Cualquiera podría pensar que es una razón suficiente para aspirar a un cambio de régimen en ese país. Pero no necesariamente es así.

En la reelección presidencial de Recep Tayyip Erdogan no influyeron en los resultados los 20 años en el poder, ser el responsable de la séptima inflación más alta del mundo en 2022, una moneda en picada, la profundización de la pobreza y la desigualdad, y, no menos importante, la mala gestión del reciente terremoto que causó la muerte a 50.000 turcos y dejó sin hogar a más de 2,7 millones de personas. El presidente que aspira a la reelección obtuvo 49,5% de los votos, lo que lo ubica con una muy alta probabilidad de triunfo en la segunda vuelta este domingo. Los partidos que lo acompañaron consiguieron, además, la mayoría de los parlamentarios en la Gran Asamblea Nacional.

Si Maduro decide optar por el modelo nicaragüense de Daniel Ortega de encarcelar a los candidatos opositores por temor a perder la elección y por ende el poder, condenará al pueblo venezolano a seguir aislado y al sufrimiento por la “sangre, [miseria], sudor y lágrimas”.

Por lo tanto, las primarias son el comienzo del camino a la libertad de Venezuela o la continuidad del cautiverio.

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