A pesar de los controles y fiscalizaciones –Ley de Costos y Precios Justos- impuestos por el Gobierno desde noviembre pasado al sector productivo y de comercialización del país, la inflación de enero creció 1,1% por encima de la última registrada en diciembre, al ubicarse en 3,3%. Según el Banco Central de Venezuela (BCV), el índice anualizado se ubicó en 56,3% y el índice de escasez se colocó en 28%; 6% por encima de la anterior.

Es de notar que los índices de precios al consumidor y la escasez están referidos a los productos de la cesta de alimentos que se venden en las cadenas de Mercal (Mercado de Alimentos) y Pdval (Productos y Distribuidora Venezolana de Alimentos). Si fuesen medidos en los supermercados de Central Madeirense, u otros similares, el impacto sería mucho mayor. Es decir que para los sectores de clase media la inflación de enero estaría entre 6 y 6,6% y la anualizada entre 100 y 112%.

El modelo económico que durante 15 años ha impuesto el Gobierno de Chávez-Maduro ha destruido el crecimiento productivo del país, y como consecuencia es indetenible la caída de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y la destrucción de la producción nacional.

Este modelo rentista-petrolero -llevado a la máxima expresión- aporta el 96% del ingreso de las divisas al país y es el que ha financiado hasta la saciedad el Estado populista de los últimos 15 años -500 mil millones de dólares en políticas sociales-. El objetivo es: garantizar la fidelidad de los sectores débiles de la población (70%) con "el proceso" en los eventos electorales -13 en los últimos 9 años-. Para obtener el Ejecutivo la legitimidad de origen del régimen autoritario.

La forma como lo ha realizado es satisfaciendo las necesidades de bienes y servicios del ciudadano con una economía de puertos.

Es un Estado que ha administrado más de 1,5 billones de dólares y ha recibido en financiamiento 40 mil millones de dólares del Gobierno de China (Banco de Desarrollo de China). Sin embargo, las reservas internacionales líquidas disponibles en el Banco Central de Venezuela alcanzan para menos de una semana de importaciones. Las reservas en oro están comprometidas y en custodia en Rusia, China, Brasil por el financiamiento de las armas compradas a Moscú; el Fondo Chino; y la infraestructura desarrollada por Odebrecht. Las reservas no operativas se encuentran en papeles de la Republica de Argentina, Cuba, Bolivia y Nicaragua.

Por ello es la crisis profunda que vive hoy la sociedad venezolana, en la cual todos los sectores de la población reclaman la perdida del "estatus quo" del que han disfrutado los últimos 10 años. Los sectores populares de la sociedad demandan el funcionamiento normal de los programas sociales, conocidos como las Misiones; así mismo poder adquirir los productos de la cesta básica en las tiendas de Mercal y Pdval a precios regulado. La clase media y los estudiantes reclaman poder obtener los bienes y servicios oportunamente para desarrollar sus actividades cotidianas.

Es una economía que colapsó y que no encuentra los recursos necesarios -divisas- para salir de la crisis. Porque la industria petrolera, a través de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), no suministra los dólares necesarios para el funcionamiento del Estado y los programas sociales. Los factores fundamentales son: la caída de la producción en un 23% (1998-2014); la producción comprometida a futuro para cancelar los empréstitos con China (26%); y los Convenios de Cooperación Energética con los países miembros de Petrocaribe y Alba (13% que financian la factura a 20 años y puede se cancelada por productos agropecuarios.

Ante tal situación de crisis la sociedad venezolana se encuentra en un abismo porque el poder –absoluto- Ejecutivo desde que asumió la presidencia ha huido hacia delante, corriendo la arruga. Las soluciones estructurales –una economía de mercado capitalista- que requiere implantar para reconstruir el aparato productivo nacional son descartadas y desechadas por la Administración.

Por lo tanto, la coyuntura política que vive el país de protesta y rechazo a la forma de vida actual, impone un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los factores de poder que conjugan el gobierno y la oposición.

La solución a la situación de crisis dependerá de cómo los líderes del gobierno y la oposición logran utilizar las fortalezas y oportunidades para eliminar o reducir las debilidades minimizando las amenazas.

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